La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó una serie de irregularidades graves en la obra de la Autopista Rosario–Sunchales, en la Ruta Nacional N°34. El organismo regulador, el cual depende de la Presidencia de la Nación, concluyó que hubo sobrecostos, redeterminaciones sin respaldo técnico y demoras injustificadas que podrían implicar un perjuicio fiscal superior a los 40 mil millones de pesos.
Es que, el documento de la SIGEN advierte que Vialidad Nacional aplicó redeterminaciones de precios sin sustento técnico ni documental, apartándose del Decreto 1295/2002, que regula los mecanismos de actualización de valores en obras públicas. En paralelo, el informe señala que la Comisión de Evaluación y Seguimiento prevista en el Decreto 490/2023 nunca estuvo conformada, lo que dejó sin control efectivo la ejecución de los contratos.
En ese marco, la entidad de control, encabezado por Alejandro Díaz, sostuvo que la Autopista Rosario–Sunchales “evidencia deficiencias de planificación, alteraciones contractuales sustantivas y débil control financiero”, por lo que la SIGEN recomendó revisar los procedimientos administrativos y analizar la posible existencia de perjuicio fiscal.
Según el relevamiento oficial, la obra iniciada en 2010 con un presupuesto original de $447 millones alcanzó un costo actualizado de más de $40.500 millones, lo que representa un aumento del 9.000%. Además, los plazos de realización se multiplicaron y lo que debía completarse en tres años, lleva más de una década en ejecución, con seis modificaciones contractuales y dos períodos de paralización total.
En esa línea, el informe también detalla que el avance físico de la obra alcanza el 95,6%, mientras que el avance financiero apenas llega al 59,4%, con una facturación de $23.000 millones. Esa brecha, explicaron los auditores, refleja los desajustes acumulados entre los pagos certificados y los montos efectivamente abonados durante las distintas gestiones nacionales.
“Lo originalmente previsto como tareas menores se transformó en un trabajo totalmente distinto por sus características técnicas y económicas”, admitió la propia contratista, Carreteras Centrales de Argentina S.A., una empresa hoy en proceso de liquidación.
Vale precisar que la historia del proyecto atraviesa cuatro gobiernos, ya que nació durante la presidencia de Cristina Kirchner, continuó bajo la administración de Mauricio Macri, se reactivó durante la gestión de Alberto Fernández y llegó a su etapa final durante el actual gobierno de Javier Milei, que dispuso la privatización de Corredores Viales S.A. mediante el Decreto 97/2025.
Frente a este escenario, la SIGEN concluyó que la falta de planificación, los cambios técnicos sin respaldo y la débil fiscalización de los contratos transformaron una obra clave para la conectividad del centro santafesino en un ejemplo de desmanejo administrativo, por lo que el caso será analizado para determinar responsabilidades y medidas de reparación.