En febrero de 2024 una ciudadana olavarriense presentó un pedido de otorgamiento de pensión por invalidez en la oficina local de la Anses.
Ante la falta de respuestas, volvió al tiempo a consultar sobre su trámite y le respondieron que el organismo no tenía vinculación con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por lo que no podían informarle el estado de la gestión.
Coincidentemente, el gobierno nacional decidió el cierre de la oficina local de Andis, por lo que las personas que tenían trámites pendientes con ese organismo, se quedaron sin interlocución en Olavarría.
Ante el paso del tiempo, la ciudadana optó por recurrir a la Justicia y presentó un amparo por mora, argumentando que Andis estaba incurriendo en una demora que no resultaba razonable.
Con fecha 21 de mayo de este año, el juez federal Martín Bava dio lugar a la acción de amparo y dispuso que Andis responda dentro de un plazo de diez días a la petición realizada por la ciudadana olavarriense.
La resolución judicial no avanza sobre el pedido de la pensión en sí, sino que ordena a la Andis a que responda y señala: “No decidir o decidir fuera de plazo constituyen conductas irregulares
de la Administración que perjudican al particular y atentan contra el accionar eficaz de aquélla”.