En el decreto 375/24, el Ejecutivo había postergado hasta el 1 de junio el esquema de actualización del impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, cronograma que se había establecido para salir de una postergación anterior, ordenada por Sergio Massa cuando era ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.
Pero desde julio, la normativa vigente prevé que se actualice por inflación acumulada en el último trimestre de 2023 y primero de 2025 la inflación acumulada, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec.
En concreto, implica un incremento del 115% en el tributo, que impactaría en un 18% de suba del precio en el surtidor en promedio, es decir de acuerdo a un cálculo para la ciudad de Buenos Aires. Allí, el precio de nafta súper se iría a $1068. En el interior bonaerense, el porcentaje de incremento y el precio de base suele ser más elevado.
La previa postergación de los incrementos se había justificado en el impacto que tendría un aumento de los combustibles en la inflación. La situación se mantiene ahora.
Por eso, el gobierno enfrenta la disyuntiva de permitir la normalización del funcionamiento del sector o buscar frenar un aumento de componente inflacionario.
De acuerdo a un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de darse esta actualización en julio, solo quedaría un incremento de $40 para terminar de recuperar el valor real del tributo según la ley 23.966. (DIB)