En el marco del recorte de programas de género efectuados por la administración nacional, el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio arrojó que, en lo que va del 2025, los delitos contra la comunidad LGTBQI+ aumentaron un 70%.
En ese contexto, el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTBQI+ reportó 102 delitos en el primer semestre de 2025. La cifra revela un alarmante incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 60 casos. De esta manera, los mismos subieron un 70% con respecto a 2024.
En cada uno de los 102 ataques, la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron, en la mayoría de los casos, utilizadas por sus victimarios como pretexto discriminatorio para ejercer violencia sobre ellas, siendo las mujeres trans las más afectadas (70,6%).
En detalle, las personas más afectadas por los crímenes de odio que le siguieron fueron los varones cis gay, con el 16,7% de los casos; lesbianas, con el 6,9%; varones trans, con el 4,9% ; y personas no binarias, con el 1% de los casos. En este universo, el 16,7% de los ataques corresponden a lesiones al derecho a la vida. Es decir, asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural.
Cabe destacar que, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTQI+ describe a las muertes por violencia estructural como “decesos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”.
En tanto, el informe reveló que el 83,3% restante de los ataques de odio relevados en el informe, corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, a situaciones de violencia física que no tuvieron un desenlace fatal.
Con respecto a los perpetradores, el reporte registró que en el 35,3 % de los casos fueron cometidos por particulares, mientras que en el 64,7 %, el responsable fue el propio Estado dado que la violencia fue ejercida por efectivos de las fuerzas de seguridad o personal estatal.
“Estos datos permiten afirmar que, lejos de brindar protección, el Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual, ya sea por acción directa o por inacción ante situaciones de exclusión y maltrato estructural”, sostuvo el organismo.
El incremento no es casual, dado que, desde su llegada a la Presidencia, Milei profundizó desde el Ejecutivo un clima de hostilidad hacia la comunidad y llevó adelante una fuerte campaña “anti woke” que incluyó la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del cupo laboral trans, el DNI no binario y la posibilidad de acceder a tratamientos garantizados por la Ley de Identidad de Genero para la comunidad trans.
En la misma línea, en varias oportunidades, el propio Presidente así como voceros legitimados por el Gobierno, como Agustín Laje o el diputado bonaerense, Agustín Romo, calificaron como “un cáncer que hay que extirpar” a la ideología woke, asociándola con el feminismo, la diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo e ideología de género.
Frente a este contexto, Amnistía Internacional advirtió que “en Argentina, las violencias continuas que vivencian las personas LGBTI+ se profundizaron en un contexto de retroceso de políticas de género y diversidad, de medidas que ponen en riesgo los derechos de las infancias y adolescencias trans, en el que proliferan los discursos que promueven el odio y la discriminación por orientación sexual o identidad de género y que emanan incluso de las máximas autoridades”.
Además, desde la ONG señalaron que “la lucha contra la llamada ‘ideología de género’ dejó de ser solo una consigna para convertirse en “una estrategia política que actores de derecha y grupos religiosos utilizan para construir alianzas, fortalecer su base de apoyo y revertir conquistas en materia de igualdad y derechos humanos”.