La Confederación General del Trabajo (CGT) calificó de inconstitucional la reforma laboral que el Senado nacional convirtió en ley el último viernes con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. La central obrera anunció que presentará una acción judicial para frenar la norma y sostuvo que el texto aprobado vulnera derechos constitucionales básicos.
“Los graves problemas de pobreza, desempleo, precarización y continuo deterioro de la situación social en Argentina no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral, sino que son consecuencias directas de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macro y micros políticas económicas nacionales”, expresó la cúpula sindical en un comunicado en el que reiteró su rechazo a la Ley de Modernización Laboral y señaló al gobierno de Javier Milei por la crisis económica.
La dirigencia cegetista afirmó que la normativa libertaria, que calificó como una mal llamada “modernización”, no solo vulnera derechos individuales y colectivos amparados por la Constitución Nacional, sino que además implica un retroceso que contradice el principio de progresividad y desconoce el carácter protectorio que rige el derecho del trabajo.
En primer lugar, la CGT advirtió que la reforma laboral atenta contra el artículo 14 bis en aspectos centrales como la protección frente a despidos arbitrarios, derecho de huelga, negociación colectiva, libertad sindical y seguridad social. En ese marco, la misiva recuerda que la nueva regulación habilita jornadas de hasta 12 horas, elimina sanciones a empleadores que incumplieron aportes y establece el pago en cuotas de las indemnizaciones a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Además, la central también cuestionó la reducción de aportes a las obras sociales, el fraccionamiento unilateral de las vacaciones y la habilitación de convenios por empresa que, a su criterio, degradan la negociación paritaria. Otros de los puntos de conflicto fueron la imposición de limitaciones al derecho de protesta y el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que restringen significativamente el acceso a la justicia laboral.
En el plano económico, la CGT vinculó la reforma con el programa económico del Gobierno nacional y enumeró una serie de indicadores negativos registrados en los últimos dos años. “11 de las 14 ramas de actividades que representan a la totalidad de trabajadores del sector privado presentaron datos negativos en estos dos años de gestión”, precisó el armado sindical, que además sostuvo que en ese período se perdieron más de 300.000 empleos.
La organización gremial agregó que el contexto se caracteriza por un alarmante endeudamiento externo y el creciente recurso al crédito para sostener el consumo básico. Frente a este panorama, la CGT puntualizó que numerosas familias registran dificultades para cumplir con sus obligaciones bancarias en un escenario de inflación persistente.
Finalmente, la central de trabajadores ratificó que enfrentará la reforma laboral con una movilización hacia Tribunales y una presentación judicial, al tiempo que reivindicó su rol en la defensa de los convenios colectivos y del salario. “Reafirmando con toda nuestra fuerza, una vez más, que no hay libertad sin justicia social”, concluyeron desde el Consejo Directivo Nacional.