Con fecha 23 de junio, la Justicia fijó fecha de audiencias de declaraciones indagatorias para las seis personas imputadas en la denominada Causa Terrenos.
La investigación, que lleva la carátula “Mariano Patricio, Ciancio s/Estafa, IPP 01-02-5387-20” permanece bajo la órbita de la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de José Ignacio Calonje del departamento Judicial Azul.
En el documento al que tuvo acceso Infoeme se detallan 47 denuncias de estafas mediante terrenos.
Allí se indica que Claudio Ariel Peralta está imputado por ser autor penalmente responsable del delito de estafas reiteradas en 27 hechos.
En el caso de Mariano Patricio Ciancio, se lo considera autor penalmente responsable del delito de estafa en un hecho y coautor en otro.
María de los Ángeles Andrade es citada como co-autora responsable del delito de estafa en un hecho.
Mariano Vande Vrande también es considerado co-autor del delito de estafas reiteradas en 4 hechos. En el caso de José Jesús Gallo se lo considera autor de un hecho de estafa.
En el caso de Leonardo Sampaoli quedó imputado por dos hechos y Nelson Loiza como co-autor de dos hechos de estafa también.
En el escrito se precisan los nombres de los afectados por las estafas y las fechas en las que se consumaron los hechos denunciados.
Una de las cuestiones más sorprendentes es que, en plena época de pandemia, cuando gran parte de la sociedad permanecía en aislamiento o con tareas acotadas, estas personas, algunas por su condición de empleado municipal (caso Ciancio), otras por su movimiento en los barrios (Peralta) y otros por ser policías (Loiza y Sampaoli) tuvieron posibilidades de hacer estas “transacciones” que terminaron bajo la lupa de la Justicia. La mayoría de los hechos referidos ocurrieron durante el 2020 y 2021.
Según el reporte judicial, las operaciones fraudulentas se concretaron entre 2018 y febrero de 2022, un mes después de que uno de los damnificados hiciera pública la situación en Verte y desatara una seguidilla de denuncias, primero mediáticas y luego judiciales.
Los lotes ofrecidos por los imputados estaban ubicados en distintos puntos de la Ciudad. Otro de los datos importantes es que en algunas ocasiones se ofertaban varias parcelas contiguas.
La ubicación de los terrenos es diversa: Necochea y Las Rosas; República del Líbano y Antártida Argentina; Urquiza y Avenida del Maestro; Santa Fe casi Buchardo, Rendón entre Leal y Muñoz, R.S. Peña y Buenos Aires, Tierra del Fuego y Elpidio González, Las Rosas y Necochea; Canaveri entre Junín y Tacuarí.
Otros están ubicados en Santa Cruz casi Azopardo, Pelegrino entre Laprida y Dean Funes; Las Heras casi Entre Ríos; Buchardo y Los Gladiolos; Saavedra entre Mitre y Sarmiento; Hipólito Irigoyen y Saavedra; Leal entre Cortés y Rendón; Azopardo y Corrientes; Pelegrino y 189; Azopardo y Santa Cruz; Sáenz Peña y Los Claveles; Collinet entre Leal y Muñoz; Calle 13 bis y San Martín; Avellaneda y Pellegrini; Calle 6 entre Rivadavia y Vicente Lopez; Buenos Aires entre Peña y Colón; Pellegrini entre La Pampa y La Rioja; Corrientes entre Azopardo y Pueyrredón.
Cómo engañaban a los compradores
En el llamado a indagatoria se detalla a través de qué maniobras los estafadores generaban confianza en los compradores de los terrenos respecto a la operación inmobiliaria.
En el caso de Claudio Peralta, revelaba que los terrenos ofrecidos “no eran de su propiedad” y hacía creer a la víctima que él “estaba en la Municipalidad” y que “tenía contactos”.
Además, decía que se trataban de “terrenos fiscales sin herederos”, que podrían ser escriturados en un tiempo, que podía ser “de cuatro meses” en algunos casos y otras hasta cinco o diez años.
Peralta se refería también a una “cadena de boletos” (de compraventa) que era necesario “asegurar” y en ocasiones los que firmaban esos boletos eran Gallo o Vande Vrande. Cuando los compradores les preguntaban el motivo, él les decía que eran los “dueños”.
También mencionaba que Galli (el intendente) estaba en conocimiento de lo que hacía y “lo avalaba”. Con este conjunto de argumentos, generaba una cierta confianza que predisponía a los compradores a entregar todo tipo de bienes para “garantizar” la operación (dinero en efectivo o en cuotas, autos, camionetas, monto determinado de dólares).
La participación de escribanías en el proceso también daba un tinte de “seriedad” y “seguridad” a la transacción. Peralta era el encargado de coordinar y presenciar ese trámite.
Otro de los argumentos usados para ofrecer los lotes es que eran de propiedad municipal y que, en virtud de sus contactos, él estaba autorizado a venderlos.
En el caso de la estafa por la que está imputado Mariano Ciancio, la resolución anota que él les manifestó a los damnificados “que la venta se realiza con acta de posesión”…”que hacía rato que vendía terrenos”.
También menciona que “se lo daban a una escribanía y hacían la investigación y así le habilitaban si podía vender o no y que iba a poder escriturar pasados unos diez años en forma gratuita en la municipalidad, dando así apariencia sobre su facultad de disponer de dichos lotes”.
Se agrega que todo llevó a que “en ese estado de error, entregará en concepto de pago por el primer lote la suma de treinta mil pesos y varias otras cuotas las que fue abonando a lo largo del tiempo a Ciancio en la oficina que éste tenía en una galería y/o eventualmente entregando a Peralta para que se la hiciera llegar al nombrado”.
En todos los casos la secuencia que se retrata es la siguiente: mediante maniobras engañosas se induce al error a la víctima, consumando lo que se denomina una afectación patrimonial.
Volviendo a las estrategias usadas por Peralta, se destaca que “trabajaba para el Municipio y merenderos”, “que se postularía para político” y “que estaba ocupado en la campaña de Galli”.
En el caso de Nelson Loiza -miembro de la policía bonaerense- ofreció el terreno primeramente, “aduciendo que era intermediario de Peralta y que cobraba una comisión por la venta”.
De esa manera se captaba a la víctima para luego Peralta “emplear maniobras engañosas como hacerle creer que eran terrenos fiscales, que él pasaba y miraba lotes los que luego en la Municipalidad le confirmaban desde Catastro si estaban aptos, o sea sin dueños, y luego los vendía”.
“También le generó confianza el hecho de haber visto a Peralta salir del Municipio con empleados municipales y que él mismo participó en la solución de un conflicto social acompañado de funcionarios municipales”, se menciona entre los motivos que llevaron a la víctima a creer en él.
Peralta aseveraba que “los lotes se los daban desde el Municipio para vender, que eran terrenos sin dueño ni herederos a punto de ser fiscales y que como estaba en la política y la asociación barrial se los daban para que la gente de bajos recursos tuviera la posibilidad de comprar terrenos, que podría escriturar en dos o tres años por Casa de Tierras del Municipio o en forma particular”, detalla otro pasaje del llamado a indagatoria.
Otro de los elementos que Peralta mencionaba y muchos de los afectados conocían era que “ayudaba con mercadería en los barrios y comedores”. Peralta agregaba que “le habían ofrecido ese trabajo como un extra, que la Municipalidad le había dado una carpeta con los terrenos fiscales”.
Se especula que “para reforzar el engaño y generar la confianza suficiente le exhibió fotos a la víctima en las que estaba junto a personas de la política”.
En ese tren, logra ese efecto en la víctima “gracias a que ésta ve que en la foto de perfil de Whatsapp estaba con Galli”.
En otro de los casos se apunta que “la víctima llegó a creer incluso que Peralta era un empleado municipal que trabajaba desde su casa en razón de la pandemia”.
Otro de los imputados, Leonardo Sampaoli, usó como argumento que “como policía no podía hacer nada ilegal”. Al respecto señala la resolución: “Con ello generó confianza en la víctima sumado a la falta de experiencia en operaciones inmobiliarias, lo que coloca al imputado -junto a su calidad de policía- en una posición de mayor facilidad para imponer el ardid”.
Catastro
El despliegue de estrategias de los estafadores no puede, sin embargo, impedir que se observe el rol que cumplió en este proceso la oficina de Catastro Municipal entre 2018 y 2022.
Sin que se pueda establecer, por el momento, qué parte de lo mencionado por Peralta es verdad y qué parte es mentira, lo seguro es que contaba con la información exacta y detallada sobre la disponibilidad de los terrenos que ofrecía, su ubicación, nomenclatura y demás.
Esos datos, que manejó durante al menos tres años, le permitieron a él y a los otros imputados desplegar un negocio ilegal a plena luz del día.
Quién o quiénes le proporcionaban esa información tan valiosa es algo que el proceso de investigación judicial debería establecer, además de las motivaciones que los guiaban para hacerlo.
¿Recibían órdenes? ¿Estaban autorizados para dar esos datos? ¿Reinaba el descontrol en el sector?
Tal vez parte de estos interrogantes se disipen con la declaración testimonial de los imputados prevista, la primera de ellas, para el 12 de agosto.