El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en la desregulación del mercado legal de armas y bajo el amparo de las facultades delegadas puso fin a diez años de legislación vigente y repone un organismo creado hace medio siglo. Y a través del Decreto 445/2025 restituyó el Registro Nacional de Armas, que reemplaza a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
La decisión publicada en el Boletín Oficial establece que el organismo descentralizado, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, pase a funcionar como un organismo desconcentrado.
La nueva norma fue tomada dentro del proceso de reestructuración que la gestión de La Libertad Avanza viene llevando adelante a través de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), que dispuso cambios de la ANMaC y el Renar, que pasará a operar como organismo desconcentrado bajo la órbita de la cartera a cargo de Patricia Bullrich.
El viejo Renar había sido creado en 1975 como órgano de aplicación de la ley nacional de armas y explosivos 20.429, promulgada dos años antes por el general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto entre 1971 y 1973.
Según el texto de la nueva normativa, el repuesto Renar “mantiene la especialidad técnica del organismo para la administración de las bases de datos sensibles y su rol regulador y de control de los materiales regulados“.
Como contrapartida, estará despojado de las otras misiones que tenía la ANMaC, relativas a la cooperación en el desarrollo de una política criminal en materia de control de armas, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada.
De hecho, una de las principales novedades del regreso del Renar a sus tiempos de organismo de fiscalización y control de armas, explosivos y de su tenencia y uso por parte de ciudadanos y comercios habilitados por ley a tal efecto, es que se disuelve el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA).
A partir de ahora, según reza el decreto, “el financiamiento de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia armada será afrontado por los recursos asignados al Ministerio” de Seguridad Nacional, del que depende el Registro. (DIB)