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Narcotráfico: cuál es la situación del ex policía detenido

El olavarriense Jorge Luis Schonfeld estuvo alojado en la Estación de Policía Comunal de Las Flores y ahora se encuentra con prisión domiciliaria. Lo acusan de manejar el dinero de la red de venta de drogas que se regenteaba desde una cárcel.

 

La semana pasada se realizaron nueve allanamientos en Olavarría, Azul y Laprida que terminaron por desmantelar una red de narcotráfico cuyo líder operaba desde la Unidad Penal 7 de Azul.

 

Los procedimientos derivaron en la detención de 6 personas, sumadas a Maximiliano Coronel (líder), quien ya se encontraba privado de su libertad.

 

Entre los detenidos figura un olavarriense, Jorge Luis Schonfeld, cuyo domicilio en General Paz al 2900 fue allanado el pasado viernes. Su abogado, César García, dio algunas precisiones sobre la causa y la situación procesal de su defendido.

 

 

Los otros detenidos que tiene la causa son Martina Balbuena, Agustín Sequeira, José Luis Del Puerto, Lorena Binzugna y Yamila Salinas Gómez.

 

“La explicación que da el Ministerio Público fiscal es que el señor Coronel, alojado en la unidad 7 de Azul, comandaría esta organización narcocriminal con asistencia de varias personas que realizaban la entrega de los estupefacientes a través de dos ‘deliverys’, Del Puerto y Sequeira que están mencionados en la causa” explicó García.

 

En este sistema el ex policía jubilado Jorge Schomfeld aparece como el encargado de recibir “el dinero en billeteras electrónicas y devolverlo en billetes, sean pesos o dólares”.

 

En la audiencia realizada el pasado 20 de abril “se trató el tema de la aprehensión de cada uno de ellos -lo detenidos- y para el caso de mi defendido solicitaron la prisión preventiva en una cárcel federal. Yo me opuse, solicité la libertad y en subsidio solicité un arresto domiciliario”.

 

La Justicia hizo lugar al pedido de García, por lo cual Schonfeld cursa una prisión domiciliaria por un mes, hasta que sea procesada a realizar una prueba informática sobre los celulares incautados.

 

“Estamos a la espera de la producción de pruebas y del avance de esta causa. Hay un límite temporal de 6 meses prorrogable a partir del 20 de abril, con lo cual del 20 de abril a 6 meses más la investigación debería estar concluida para poder ser elevada a juicio, según el Ministerio Público fiscal y las pruebas obtenidas” resumió García.

 

 

 

 

 

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