(Foto: Andrés Arouxet)
Impulsada por la comunidad universitaria, se concretó este martes la cuarta Marcha federal universitaria en reclamo de la decisión del gobierno nacional de no aplicar la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso y ratificada tras un veto del presidente Javier Milei.
En Olavarría la convocatoria reunió a autoridades, docentes, estudiantes y no docentes de las tres casas de estudio -Ingeniería, Sociales y Salud- del jardín Upa La La y la Escuela Nacional "Pérez Esquivel". Se sumaron a la marcha representantes de distintos gremios, entre ellos Suteba, Ate y Centro Empleados de Comercio.
La cita fue a las 16.30 en el Centro Cultural Universitario y desde allí, en San Martín y Chacabuco, partió la protesta hacia el centro de la Ciudad, tras cruzar el arroyo a la altura de la calle Coronel Suárez. La bandera que encabezó la movilización tenía la inscripción "Exigimos que cumpla la ley" y fue portada por autoridades, docentes y estudiantes de las facultades locales. Entre los referentes políticos, estuvo presente el intendente Maximiliano Wesner, concejales de Fuerza Patria y del radicalismo.
Tras recorrer las calles céntricas, la marcha, que se extendió a través de casi tres cuadras, desembocó en el Paseo Jesús Mendía donde se dio lectura al documento de la jornada titulado "Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia".
Allí apuntaron: "El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema". La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario".
Sobre los salarios docentes recordaron que "entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios".
El documento advirtió además que "la crisis no es solo presupuestaria, como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho".
La comunidad universitaria en su conjunto le solicitó a la Corte Suprema que "acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la República y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario".
Tras la lectura del documento unificado con todas las universidades del país, se apuntó especialmente a la obra de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud que permanece paralizada desde hace meses. “En salud estamos viviendo una situación crítica”, advirtió una estudiante de la casa que se dirigió a los manifestantes.