La Cámara de Diputados aprobó ayer una normativa que prevé un mecanismo de compensación de deudas para las distribuidoras eléctricas que mantienen una deuda con la empresa mayorista de energía Cammesa. Además de las empresas Edenor y Edesur que distribuyen energía en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la ley contempla también las distribuidoras de jurisdicción provincial y municipal. En ese punto ingresarían las cooperativas eléctricas, como el caso de Coopelectric.
Según trascendió, el mecanismo funcionará como una compensación condicionada. La Subsecretaría de Energía Eléctrica podrá compensar deudas con Cammesa hasta el límite de las obligaciones existentes y solo aplicará para distribuidoras que ya estén dentro de acuerdos de pago o regímenes de regularización con Cammesa, tal el caso de Coopelectric, que adhirió a ese plan en julio del año pasado.
Se agregó además que las provincias o municipios deberán determinar previamente las diferencias tarifarias generadas por congelamientos o emergencias locales y si el monto reconocido supera la deuda con Cammesa, el excedente lo absorberá la jurisdicción local, no Nación.
El mecanismo previsto dispone, además, que las distribuidoras/cooperativas desistan de reclamos judiciales o administrativos vinculados a esas emergencias tarifarias. Se trata, explicaron desde el gobierno nacional, "de un proyecto que busca una regularización financiera extraordinaria del sistema eléctrico". Según datos oficiales, el total de la deuda con la empresa mayorista asciende a USD 1.842 millones, con el 69% concentrado en Edenor, Edesur y el Grupo Desa que opera Edea, Edelap, Eden y Edes.
Recientemente, las cooperativas eléctricas bonaerenses encendieron una señal de alarma por la situación financiera que atraviesa el sector. En una reunión con autoridades provinciales, habían advertido por las dificultades para afrontar las deudas acumuladas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), sostener inversiones en infraestructura y recomponer el atraso tarifario que arrastran desde el congelamiento de tarifas dispuesto a fines de 2019.
El planteo fue realizado por la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) durante un encuentro con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato. Allí, las entidades hicieron un diagnóstico de la “crítica situación” que afecta a las cooperativas eléctricas de la provincia.
Desde la federación señalaron que “casi la totalidad de las cooperativas” optó por postergar los pagos vinculados a la compra de electricidad, una decisión que impactó de lleno sobre sus balances y elevó significativamente los pasivos del sector. Según remarcaron, este problema fue parcialmente reconocido por las autoridades nacionales y provinciales, ya que implementaron distintos mecanismos de regularización y esquemas de actualización tarifaria transitoria, que permitieron mejorar parcialmente los ingresos de las entidades, especialmente desde 2022.
“Si bien los reajustes mejoraron sustancialmente las perspectivas de nuestras empresas, todavía dejan dos problemas sin una solución definitiva: el flujo de repago del stock de deuda regularizado, cuyo reconocimiento por la tarifa depende de la realidad económica de cada cooperativa; y las inversiones en redes dejadas en suspenso durante el congelamiento, que ha afectado la calidad de servicio, sobre todo en zonas rurales aisladas", sumó Roberto Otero, presidente de FICE.